El conflicto surgió cuando una vecina llevó ante el juez, por fallos constructivos, a la gestora que lideraba Antonio Hevia, de IU
Las llaves de los 44 pisos de la cooperativa de Moreda se entregaron en diciembre de 1995.
Cinco años después, aún no se habían resuelto muchos vicios de construcción.
El Juzgado de primera instancia número 1 se pronunció al respecto en 2001.
Miriam SUÁREZ
La cooperativa vecinal que promovió viviendas en Moreda todavía está pendiente de liquidación pese a haber entregado las llaves de los pisos hace ya diez años. Esta situación se produce como consecuencia del enfrentamiento legal que una de las familias implicadas mantuvo con la gestora que llevó a término la promoción. Ese conflicto ha estado coleando hasta noviembre de 2005.
Los problemas surgieron en la parcela 12-C, en la calle Desfiladero de las Xanas, donde se promovieron, en régimen de cooperativa, 44 viviendas. Esos pisos presentaron vicios de construcción desde el mismo momento de entregarse. Los cooperativistas más afectados se rebelaron contra la empresa encargada de gestionar esta iniciativa residencial (Ecovi), aunque sólo Carmen Carrelo llegó hasta las últimas consecuencias.
Correlo se llevó una de cal y otra de arena. Por un lado, el juez forzó a Ecovi a subsanar los defectos detectados en su vivienda y su trastero. Por otro, la obligó a contribuir a la derrama que aprobó la cooperativa en 1998 para poder afrontar una sanción de Hacienda. «Nos pusieron esa sanción por no pagar el impuesto de vallas (por ocupar suelo público durante las obras). Me negué a la derrama porque consideraba que la culpa era exclusivamente de la gestora, que no hizo su trabajo», insiste.
El juez admitió su argumento, aunque vinculó el pago de la derrama a un acuerdo de los cooperativistas que no podía eludir. Carmen Correlo mantiene que «Ecovi tenía que saber que había que pagar ese impuesto. No lo hizo, y encima nos avisó con varios años de retraso».
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| EDITORIAL PRENSA ASTURIANA | Director: Isidoro Nicieza |
| El grupo inmobiliario de los comunistas |
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Viviendas promovidas por la cooperativa Moreda. |
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Vecinos de Moreda con problemas en sus viviendas descubren una serie de sociedades de Progea, vinculada al PC e investigada en Zaragoza
El grupo Progea, empresa inmobiliaria vinculada al Partido Comunista, está siendo investigada por un Juzgado de Zaragoza. En Gijón las críticas a la promotora de los comunistas son muchas y muy duras por problemas en sus obras. Así los afectados descubrieron Progea y sus filiales, que tienen como hombre de confianza a José Antonio Hevia Braña, coordinador de política económica de IU y ex concejal en Gijón. Los afectados no acaban de entender cómo un grupo que surgió con fines sociales, para vivienda protegida, acaba vendiendo pisos de lujo en zonas como el desarrollo de Poniente.
M. SUÁREZ
Carmen Carrelo, miembro de la cooperativa de vivienda Moreda, estuvo casi seis años sin poder utilizar su trastero por problemas de humedades. El asunto acabó en el Juzgado de primera instancia número 1 de Gijón, cuyo titular obligó a la empresa que había gestionado la construcción de los pisos a costear la reforma necesaria para dejar la propiedad de Carmen Carrelo en condiciones óptimas.
El juez se pronunció en 2001, pero el conflicto aún tiene aristas por pulir. Las que quedaron de un proceso «con muchas cosas raras», según esta vecina de Moreda. Un proceso en el que se ha cruzado el grupo Progea. En los Juzgados de Zaragoza, donde tiene su sede social, se instruye una investigación por supuestas irregularidades en la toma de control de esta empresa vinculada al Partido Comunista. El hombre de Progea en Asturias es José Antonio Hevia Braña, ex concejal y coordinador de política económica de Izquierda Unida (IU).
La cooperativa Moreda se constituyó por mediación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón y promovió 44 viviendas protegidas en la calle Desfiladero de las Xanas. La empresa Ecovi, con Hevia Braña como representante ante los vecinos, corrió con los trámites de la gestión. En diez años la empresa cambió de nombre varias veces, aunque el intermediario ante los cooperativistas siguió siendo José Antonio Hevia.
De Ecovi se pasó a Covi 89 y luego a ALG. Ninguna de ellas, sin embargo, fue la que notificó a Carmen Carrelo que finalmente se iban a subsanar los vicios constructivos detectados en su trastero y vivienda, que también presentaba problemas de humedades. El aviso llegó de Progea, grupo con el que esta cooperativa nunca había tratado antes.
Cuando Carrelo se percató de este «baile», a través de internet volaban las quejas de cooperativas que habían promovido vivienda protegida de la mano de Progea en otras localidades españolas. «Y yo me enteré con asombro de que, por lo visto, a nosotros quien nos creó y gestionó fueron Progea y Creixeda, que publicitaban nuestro edificio entre sus obras realizadas», explica esta vecina de Moreda, que no entiende «por qué nadie nos informó de todos estos cambios».
Progea nace en Zaragoza con una gran vocación social, aunque en 1992 adopta la forma de grupo empresarial y la construcción de viviendas protegidas deja de ser su única razón de ser. En Asturias, y especialmente en Gijón, sus filiales están desarrollando algunas de las promociones residenciales más codiciadas.
El pulso por el control de Progea ha enfrentado a ciertos sectores de IU y del PC, hasta el punto de llegar a los tribunales. El conflicto, que ya se conoce como «el asalto a la caja de Progea», está pendiente de resolución por parte del Juzgado de instrucción número 3 de la capital maña. La izquierda asturiana, según fuentes próximas a dicha formación política, no es ajena a esta refriega inmobiliaria.
En Asturias Progea actúa con distintas sociedades, según la investigación realizada por los vecinos, como la de Prosein, Fuentejalón o Alborada Siglo XXI, tres empresas con gran peso en el sector de la construcción. La primera firmó dos de los «edificios barco» de Poniente, obteniendo licencia de obra apenas un par de semanas después de haber escriturado su solar en la zona. La segunda interviene en la urbanización de El Lauredal, un proyecto que inicialmente iba a desarrollar Sogepsa y que ahora está bajo control de la iniciativa privada. Y la tercera está inmersa en el área residencial de Piñeres, una de las grandes apuestas residenciales de Candás. De una u otra forma, «Toni Hevia aparece vinculado a casi todas ellas», apuntan los vecinos, que han tratado con el coordinador de política económica de IU y que aportan información mercantil y escrituras públicas. Es su forma de denunciar «la amoralidad de quienes tanto prodigan las ideas de izquierdas, defienden la vivienda protegida y critican la especulación de los constructores».
Hevia Braña, por su parte, no ha querido hacer declaraciones al respecto y ayer cerraba el asunto con tres escuetos matices: «Hace tiempo que estoy desvinculado de la cooperativa Moreda», «Progea sólo intervino ahí para echar una mano, pero nada tiene que ver con esa cooperativa»; «se están diciendo muchas mentiras», remató Hevia.
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