LA LEY ARAGONESA DE DEFENSA Y FOMENTO DEL ARBOLADO URBANO, DE VACACIONES

Las Cortes cierran doce meses de escasa actividad legislativa

La Cámara aprueba nueve leyes, siete de ellas de gestión y trámites administrativos.La oposición forzó al Gobierno a rectificar y tramitar como ley la reforma del Urbanismo.

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Los grupos de la oposición han compartido con el Gobierno el papel de motor de la producción legislativa de las Cortes de Aragón en el primer año de la séptima legislatura, interrumpido por la campaña de las elecciones generales y que se cerró el viernes con un escuálido balance sin apenas leyes de calado político.

Las Cortes han aprobado nueve leyes desde su constitución en junio del año pasado: siete propuestas por el Gobierno, una por la oposición y un decreto que se transformó en proyecto de ley por la insistencia de los grupos minoritarios. Entre las primeras se encuentran las de Presupuestos y de Medidas Tributarias para el 2008, de tramitación obligatoria antes de que termine el ejercicio anterior; la reforma de la de Gestión del Agua, despachada por el trámite de lectura única y que contempla algunas modificaciones del funcionamiento de la Comisión del Agua, además de dar rango legal a los acuerdos entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el Canon de Saneamiento; la que faculta al Ejecutivo autonómico para avalar una parte del crédito millonario solicitado por Expoagua al ICO; las de creación de los colegios profesionales de Dietistas y de Ortopédicos y, por último, la que reestructuró el sector público aragonés en la corporación de empresas. Leyes, en resumen, de gestión y de tramitación administrativa más que otra cosa.

La única de las cuatro presentadas por la oposición que ha llegado a puerto ha sido la de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, presentada por el PP y aprobada el miércoles tras una consensuada tramitación. Este grupo parlamentario ha presentado otras dos proposiciones de ley: una sobre la Defensa y Fomento del Arbolado Urbano y otra para que los decretos-ley que apruebe el Gobierno de Aragón requieran el informe previo de la Comisión Jurídica Asesora, el máximo órgano consultivo de la DGA. La primera está en trámite y la segunda tiene pendiente el debate de toma en consideración.

Un decreto, el de medidas urgentes en materia de Urbanismo, que puso en pie de guerra a los ayuntamientos de toda la comunidad, supuso el principal revolcón para el Gobierno: obligaba a revisar todos los convenios urbanísticos municipales salvo los de Zaragoza, ampliaba la capacidad de intervención de la DGA en asuntos urbanísticos y creaba una nueva figura que sonaba a traje a medida para Gran Scala y la nueva Romareda. La oposición exigió que fuera tramitado como ley, y el Gobierno terminó aceptándolo y enmendando su propio texto.

Otras dos proposiciones de ley fueron rechazadas: una de IU para regular el alumbrado público y otra, avalada por varios miles de ciudadanos, para crear la Red de Apoyo a la Mujer Embarazada.