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javierdelgado

EL CONGRESO APROBÓ AYER (ADEMÁS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN Y OTROS ASUNTILLOS) LA LEY DE PARQUES NACIONALES. Reconoce su gestión a las respectivas comunidades autónomas y reserva al gobierno central la tutela general de la red, su homogeneidad y unidad de criterios en defensa del patrimonio medioambiental.

EL CONGRESO APROBÓ AYER (ADEMÁS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN Y OTROS ASUNTILLOS) LA LEY DE PARQUES NACIONALES. Reconoce su gestión a las respectivas comunidades autónomas y reserva al gobierno central la tutela general de la red, su homogeneidad y unidad de criterios en defensa del patrimonio medioambiental.

No son dos perros jugando...

(De www.consumer.es)

El Congreso aprobó ayer la Ley de Parques Nacionales, que consagra el reparto de papeles entre administraciones dictado por el Tribunal Constitucional (TC). Reconoce su gestión a las respectivas comunidades autónomas y reserva al Gobierno central la tutela general de la red, su homogeneidad y unidad de criterios en defensa del patrimonio medioambiental.

 

La nueva norma prohíbe construir o recalificar como terrenos urbanizables en estos parajes privilegiados, o realizar cualquier otra actividad susceptible de afectar al valor medioambiental de la zona. También se vetan la caza y la pesca recreativas, con la única excepción de campañas concretas de control de especies que apruebe el gobierno regional de turno.

 

La votación definitiva de ayer cierra el largo periodo de indefinición jurídica abierto por el TC hace más de dos años. En noviembre de 2004, el Alto Tribunal sentenció que la gestión directa de los parques nacionales, su día a día, era competencia exclusiva de las comunidades autónomas, y atribuyó al Ministerio de Medio Ambiente un papel de "guardián".

 

El fallo invalidó el mecanismo de gestión compartida gobierno-comunidades implantado por el Gobierno del PP, e hizo necesario un instrumento legal para proteger la red como un todo coherente, con normas y criterios comunes a todos los parques. Además, abrió un proceso de transferencia de competencias, personal y medios, del Gobierno central a las autonomías, que a día de hoy sólo ha culminado en cuatro enclaves: Doñana, Sierra nevada, Ordesa y Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

 

Según la nueva norma, los Parques Nacionales seguirán siendo declarados como tales por las Cortes Generales a iniciativa de la autoridad autonómica. Y será también el Parlamento el que retire la categoría a aquellos que incumplan grave y reiteradamente sus obligaciones de protección ambiental.

 

Ley "de mínimos"

 

Para WWF/Adena, la nueva Ley de Parques Nacionales es "sólo de mínimos", al no dejar al Gobierno "ninguna capacidad" para controlar que la misma se cumple. No obstante, celebra que se mantenga la red junto con el Plan Director que traza "las líneas generales de lo que es un Parque Nacional, y de lo que se puede hacer en él y lo que no".

 

A juicio de esta organización, lo malo de la normativa es que no plantea la codecisión del Gobierno con las comunidades para evitar presiones locales que puedan hacer ceder a los ejecutivos autonómicos y terminen por degradar esos espacios. En este sentido, alude a posibles actividades pesqueras, vinculadas al turismo o a la construcción de carreteras.

 

Aunque la ley prohíbe expresamente el urbanismo, la caza, la pesca y la tala de árboles dentro de los Parques Nacionales, "no deja a la Administración central ninguna capacidad de controlar que eso se cumple", lamenta WWF/Adena. "Simplemente se permite al Gobierno que realice una auditoría cada tres años", añade.

 

La organización ecologista teme, por otro lado, que se rebaje el nivel de garantía de protección de estos espacios protegidos.

 

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró satisfecha por la aprobación de la ley. En su opinión, ésta garantiza que "no se podrá construir, ni urbanizar, ni realizar ninguna actividad que afecte a la conservación" de los Parques Nacionales a fin de mantener íntegramente sus condiciones ecológicas.

 

Narbona considera además que la nueva norma "establece un nítido reparto de competencias" para garantizar perfectamente la conservación de estos enclaves.
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